La situación catalana funciona como un laboratorio para el resto de Europa: unos miden hasta qué punto puede tensarse la cuerda contra los poderes establecidos, otros hasta dónde se tolera la represión por dichos poderes.
En una nota anterior (ver: Catalunya, hagan juego señores) se evaluaba la situación de Catalunya en la semana siguiente al referéndum. Las jugadas políticas fueron las esperadas: el Parlament catalán ha declarado la independencia en forma de república, dando inicio a un proceso constituyente que debería llegar a la desconexión total con el Reino de España (luego de mucha incertidumbre por parte de Puigdemont); mientras que el Parlamento español aprobó la intervención del Govern y las instituciones catalanas a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución (con nula incertidumbre de parte de Rajoy)
Analizar la legitimidad de estos movimientos y las posibilidades reales de la concreción de la independencia es una necesidad, pero también lo es salir del inmediatismo y valorar la situación catalana a un nivel macro, en lo espacial y lo temporal. No se puede entender esta crisis política fuera del contexto de una Europa sacudida por izquierda y por derecha, como tampoco puede hacérselo sin sopesar las características del ciclo abierto por la crisis económica iniciada en 2008, que golpeó fuertemente a España.
La profundización del movimiento independentista desde el año 2012 es, en parte, producto de dicha crisis, y parte de un sacudón al sistema político español: el Movimiento 15-M, el crecimiento de Ciudadanos como fuerza política, el nacimiento de Podemos, la abdicación del Rey, las enormes dificultades para la formación del gobierno el año anterior, son parte del mismo cóctel de novedades e intentos de solución al desequilibrio.
Es evidente que buena parte de la dirigencia catalana actúa de forma oportunista, encontrando la salida a su creciente rechazo por la vía del independentismo. Sus argumentaciones son poderosas en el contexto del ajuste económico: Catalunya representa el 21% del PBI español siendo sólo el 12% de la población, y es la región que más impuestos paga, tanto directos como indirectos (ya que es una de las regiones que más consume). Así, la propuesta de romper con el resto de España, y con ello con las regiones más empobrecidas, es tentadora.
No obstante, eso no implica negar las históricas diferencias entre ambos territorios (ver Catalunya y España, un repaso histórico), que van desde el fútbol hasta la defensa del catalán, una lengua tan antigua como el castellano (intencionalmente denominado español). Ni tampoco obviar el crecimiento del independentismo en un considerable sector de la población, que queda reflejado en los resultados electorales, la creación del Estatut d’autonomia del 2006 y el nacimiento de la Assemblea Nacional Catalana en el 2011.
De esta manera, avanzó un movimiento heterogéneo, mezcla de izquierda y nacionalismo conservador, con una militancia fuerte y una dirigencia dubitativa que llegó mucho más lejos de lo que esperaba. Puigdemont lo ha dejado en claro con sus idas y venidas de la última semana: para él, el referéndum del 1-O era una bravata política y no un hecho histórico de consecuencias irreversibles.
Además, no se puede hacer caso omiso del contexto europeo en el que se despliega esta crisis. Poco más de una década atrás, el proyecto de Constitución Europea fracasó en las urnas de todos los países que consultaron a sus ciudadanos, excepto España, paradójicamente. La economía griega se derrumbó y sus ciudadanos expresaron el rechazo al rescate conjunto de la Unión, el Banco Mundial y el FMI. Escocia intentó, sin éxito, independizarse de un Reino Unido que a los pocos meses votaría su salida de la UE. Italia no logra sostener un gobierno por más de dos años desde Berlusconi. La ultraderecha se convierte en la segunda fuerza en Francia, Austria y República Checa.
Los experimentos
Planteada así la situación, pueden entenderse y analizarse los sucesos políticos catalanes como un laboratorio para todo el continente, ya que se ponen en juego factores que pueden replicarse.
En primer lugar, el desafío independentista representa un movimiento de resistencia a un poder establecido, no violento y con una masividad considerable (cabe recordar que en Europa hay tantos independentismos como regiones, en su mayoría marginales). La posibilidad de obtener la independencia o –al menos- mayor autonomía, implicaría un mayor margen de maniobra a una región económicamente próspera, algo que desean muchas dirigencias a lo largo del continente. En ese sentido, el caso escocés es paradigmático, ya que avanzó hacia el intento de independencia recién cuando pudieron desarrollarse las explotaciones petroleras en el Mar del Norte. Por otra parte, el pasado 22 de octubre las regiones italianas de Lombardía y Véneto han votado masivamente a favor de mayor autonomía.
En este sentido, muchos analistas hablan de un crecimiento de los nacionalismos y regionalismos, ejemplificando con el Brexit o las legislaciones anti-musulmanas. Sin embargo, esta afirmación puede ser sopesada: cabe recordar que la Unión Europea y sus instituciones fueron rechazadas en la mayoría de las ocasiones que fueron consultadas a los ciudadanos, optando por sostener la soberanía de sus Estados (Groenlandia decidió su desconexión en 1982, Dinamarca y Suecia no aceptaron el Euro, Irlanda negó el Tratado de Lisboa en un primer referéndum).
En segunda instancia, la forma en que se ha desplegado el movimiento independentista es un experimento político en la Europa post-2008, ya que hablamos de una dirigencia que se ha visto empujada por las bases, en un entorno de gobiernos frágiles que se desdicen de las urnas (como en Grecia) o son reemplazados de manera vertiginosa (la mencionada Italia). Las próximas acciones de los funcionarios del Govern en el marco de la intervención de Madrid, y la popularidad de dichas medidas, serán un factor a ser observado muy de cerca.
Sumado a estos estudios de laboratorio, está el que más le interesa a los gobernantes a lo largo del continente: ¿Cómo, cuánto, hasta cuándo y de qué manera tolerarán los pueblos ciertos avasallamientos en pos del orden? El gobierno de Rajoy avanzará de forma contundente sobre el gobierno autonómico, controlará el sistema educativo y tenía intenciones de hacerlo con los medios de comunicación (el PSOE le puso un freno, considerando este aspecto como condicionante a apoyar la intervención).
Lógicamente, para el orden constitucional español este es un paso natural ante un intento de secesión, mientras que los independentistas lo interpretan como una nueva opresión sobre su libertad de parte del centralismo madrileño. En términos políticos, implica un riesgo mucho mayor: el desconocimiento de la democracia y sus mandatos. Toda la crisis posee elementos que caminan en el filo de la autocracia, tales como la violencia desmedida en el 1-O, el rechazo de un referéndum pactado, la aplicación del artículo 155 sin considerar lo que desean los pueblos (el catalán y el español), la negación de lazos con las regiones pobres de España por parte del independentismo, el desconocimiento de la identidad catalana y su voluntad de autodeterminación por parte de los gobiernos españoles.
En una Europa donde las urnas, en los últimos años, han rechazado los planes de los poderosos –por izquierda en Grecia, por derecha en Reino Unido, por todos lados con la Constitución Europea- éstos las utilizan como mero argumento simbólico, o directamente las desconocen. ¿Hasta qué punto se puede tensar la cuerda? Es una investigación fundamental para los que llevan las riendas de la política y la economía, ya que estamos lejos de finalizar con las intervenciones de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) sobre las economías de los países del sur europeo, y transitamos los albores de un nuevo intento por desestructurar lo poco que queda del Estado de Bienestar, tal como lo ilustra la reforma laboral francesa, que cercenaría enormemente el poder de los sindicatos y derechos básicos que estructuran la estabilidad laboral.
Planteadas así las cosas, el laboratorio catalán está en plena marcha. Puigdemont afirmó tras el referéndum que Catalunya “se ha ganado el derecho de ser un Estado independiente”, pero su camino ha sido altamente sinuoso, ya que el día 10 declaró la independencia para suspenderla inmediatamente, el pasado jueves amagó con tirar la toalla para pasarle la responsabilidad al Parlament, que finalmente el viernes declaró la puesta en marcha del proceso constituyente. En ese sentido, Rajoy ha sido mucho más claro desde un principio: dejó 850 contusionados el 1-O, secuestró cientos de urnas, sumó un par de presos políticos (Los Jordis), corrió a Puigdemont iniciándole un proceso judicial y hasta intentó controlar Radio Catalunya y TV3.
Parte del resultado del experimento está en lo que ellos hagan, pero sobre todo en la voluntad de los pueblos catalán y español, las variables independientes de cualquier hipótesis.
Por Germán F. López
Profesor en Historia egresado de la UNC
