Por María Belén Valdemoros Alba
Somos poco consientes de las necesidades que existen en América Latina, por desconocimiento, por la falta de acceso a la información, por desinterés. Cuando pensamos en algún país que sufre consecuencias humanitarias por el accionar de sus líderes, se nos viene a la cabeza Medio Oriente o África subsahariana, pero nunca los latinoamericanos vamos a nombrar a América Latina.
Colombia, así como otros países de la región, tiene problemas estructurales, que, desde su nacimiento como Nación, no ha sabido solucionar. Las consecuencias humanitarias de esos obstáculos se traducen hoy cifras, siendo el mayor país con personas desplazadas internas, incluso superando Estados que afrontan guerras.
El desplazamiento forzado interno representa una consecuencia humanitaria visible, presente y constante, un enfrentamiento multipolar que involucra distintos intereses económicos y políticos nacionales e internacionales desde sus inicios en la década del ’50 del siglo pasado.
¿QUÉ SON LOS DESPLAZADOS FORZADOS INTERNOS?
La ley 387 de la República de Colombia, en su artículo 1, define al desplazado interno como “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”. La característica diferenciadora es el movimiento poblacional dentro del territorio, sin salida de las fronteras nacionales.
En el Registro Único de Víctimas del conflicto armado interno del Gobierno de Colombia se aprecia que las denuncias no disminuyen, sino que aumentan y no se concentran en una sola región, sino que están dispersas a lo largo y ancho del territorio, pero con una presencia de disputa rural acentuada.
REGIONES Y ZONAS AFECTADAS
La principal causa del desplazamiento forzado interno en Colombia es la violencia e intimidación que sufren los pobladores en zonas rurales, así lo destacan distintos autores como Giraldo. La dinámica del conflicto presenta luchas permanentes por disputar el poder territorial y asegurar la lealtad de la población.
Además, existe un conflicto social agrario muy serio que protagonizan los campesinos y grandes propietarios de tierra en el país. Ambos hechos conviven, especialmente en áreas en las cuales hay fuertes intereses comerciales, tales como la zona bananera del Urabá, las áreas de explotación de petróleo y la región de minas de oro y plata del nordeste antioqueño.
Bogotá, a su vez, se ha convertido en la ciudad receptora del mayor número de desplazados que huyen del conflicto armado, ubicándose en zonas periféricas de la ciudad sin que el Gobierno pueda brindarles una oferta institucional adecuada, que se ha visto ya desbordada.
El SISDHES presentó sus datos respecto de la situación del desplazamiento forzado de personas en Colombia. Indica que, desde la firma del Acuerdo de Paz, 2021 es el año en el cual se registró el mayor número de víctimas de desplazamientos forzados internos (en el período enero-noviembre). Son 82.846 personas que fueron desplazadas en ese periodo, representando un aumento del 169% respecto al 2020.
La paz firmada en Bogotá 6 años atrás, representa un avance para las distintas partes involucradas en el conflicto (Estado, grupos organizados y la sociedad civil), un paso hacia el diálogo después de décadas plagadas de muerte en distintas regiones colombianas. Pero las consecuencias del Acuerdo de Paz no fueron estrictamente las esperadas. Los grupos armados siguieron sus operaciones al margen del acuerdo con otras denominaciones y aquellos sometidos al Acuerdo consiguieron su entrada en la política, criticado por muchos sectores sociales.
Dentro de estos sectores involucrados los líderes sociales sufrieron la peor parte, asesinados por implementar las cláusulas del instrumento de paz en su zona de residencia. Ese resultado social se suma a las pocas respuestas por parte de las Comisiones De Paz sobre el esclarecimiento de los hechos producidos contra la población civil.
La legislación nacional e internacional permite adoptar una serie de medidas para la prevención del desplazamiento forzado, como así también para la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por violencia. En la categoría internacional encontramos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otros.
A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el Estado Nacional Colombiano en pos de una paz negociada y duradera, poco ha cambiado desde el año 2012 a la fecha. ¿Cuál es el mayor obstáculo para lograr la paz? Supone que los grupos armados presentes en el territorio se comprometan a bajar sus armas, entregarse a la justicia reconociendo los ilícitos cometidos y el fin del financiamiento de los grupos por entidades nacionales y extranjeras con la utilización de cultivos ilícitos, venta de estupefacientes, minería ilegal, etc.
¿UN NUEVO ACUERDO?
Actualmente se debate sobre un nuevo Acuerdo de Paz que se podría realizar con los distintos actores, todavía activos, del conflicto, con el Estado. Conversaciones que lejos de no ser polémicas, al involucrar clanes de narcotráfico, se instauran luego de largas manifestaciones sociales pre-electorales, donde se visualizó el accionar de los grupos “primera línea” asechando las calles de distintas ciudades y pueblos colombianos, generando inseguridad y demostrando la impunidad en su accionar.
