Por Juan Cruz Vicentini
Eritrea es un país del noreste de África que, desde su independencia, hace 31 años, nunca tuvo elecciones y no hay libertades civiles ni políticas. El país logro su independencia tras un referéndum supervisado por las Naciones Unidas en el que el pueblo votó abrumadoramente a favor de la independencia es así como Eritrea declaró su emancipación de Etiopia y obtuvo su reconocimiento internacional como país independiente en 1993.
En su corta historia de vida ha tenido solo un presidente Isaías Afewerki, un dictador totalitario acusado por Naciones Unidas y Amnistía internacional de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. El gobierno niega las mismas y, a su vez, acusa a Amnistía Internacional de apoyar una agenda política de “cambio de régimen”.
¿Cómo es la situación política en Eritrea?
Es uno de los pocos países que cuentan con un sistema de partido único, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, es el único partido legal en Eritrea.
El país cuenta con una asamblea nacional que posee 150 miembros, donde 75 son elegidos por el pueblo y de esos 75 al menos 11 deben ser mujeres. Por otro lado, los otros restantes 75 pertenecen al comité central del Frente Popular para la Democracia y la Justicia.
En el año 2016 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos caracterizó a la asamblea nacional como inexistente ya que no había sesionado desde enero 2002 esto se debe a que, en la práctica, es el presidente Isaias Afwerki el que ejerce los poderes legislativos, además de las funciones ejecutivas que le otorga la constitución por eso la existencia de la Asamblea Nacional no cumple ninguna función en la práctica.
Como se mencionó anteriormente, el país es una dictadura unipersonal bajo el presidente el cual no fue electo democráticamente, Afewerki que sirve oficialmente como jefe de Estado y jefe de Gobierno, Él ejerce el poder sin ningún tipo de control, legislatura, ni organizaciones de la sociedad civil ni medios de comunicación, ni poder judicial independientes.
Desde que obtuvo su independencia en 1993, Eritrea no ha celebrado elecciones nacionales y las últimas votaciones presidenciales previstas para 1997 se pospusieron indefinidamente. En el 2010, cuando se le preguntó al presidente cuándo se celebrarían, respondió: “esperemos 3 o 4 décadas”.
En el país no hay actividad política ni libertad de prensa, ya que el estado es el propietario de todos los medios de comunicación. Opositores políticos y ciudadanos se exilian y en caso de que no puedan irse del país son arrestados y según reportes de organismos de derechos humanos sufren graves torturas y agresiones en prisión, constituyendo esto un delito de lesa humanidad.
¿Qué está pasando con los derechos humanos?
Los derechos humanos han sido objeto de graves violaciones según informes de organizaciones como Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch. Las mismas incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso para el servicio militar, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del territorio del Estado y al derecho a salir del país, restricciones a la libertad de prensa y religiosa. graves problemas con la independencia del poder judicial y prisioneros políticos.
Con respecto al servicio militar este es un tema polémico que ha llamado la atención internacional debido a su naturaleza indefinida y las dificultades que impone a los ciudadanos. Establecido por ley en 1995, el servicio militar exige que cada adulto eritreo preste servicio durante 18 meses, pero en la práctica, este periodo sigue siendo indefinido y a menudo dura decenios. También hay informes de que se recluta a niños de tan solo 16 años. El servicio ha sido criticado por parecerse a trabajo forzoso y esclavitud, lo que ha llevado a muchos jóvenes eritreos a huir del país para escapar de este sistema. A las personas a las que se descubre intentando evitar el servicio militar o escapar de él se las detiene –a veces indefinidamente– en condiciones terribles. No solo sufren de esto, sino que también hay informes de organismos de DDHH de que los reclutas son objeto de violencia sexual por parte de los comandantes militares en los distintos campos de entrenamiento que hay en el país.
La situación actual de las Fuerzas Armadas de Eritrea es compleja y ha generado críticas a nivel internacional. Recientemente, militares eritreos han sido acusados de participar en violaciones de Derechos Humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencia sexual y desplazamiento forzado en el conflicto del Tigray. Estas acciones han sido condenadas por organizaciones como Amnistía Internacional, que ha documentado abusos cometidos por las fuerzas eritreas en la región de Tigray. La circunstancia actual refleja un escenario tenso y preocupante en relación con las actividades y el impacto de las Fuerzas Armadas de Eritrea en la región.
Si hablamos de la libertad de prensa, está prácticamente no existe dado que todos los medios de comunicación locales son de propiedad estatal y los periodistas independientes están encarcelados o exiliados. El país se clasificó como 174 en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras, ocupando uno de los peores lugares en esta categoría.
Con lo referido a derechos políticos Freedom in the World, una prestigiosa ONG estadounidense, calificó a Eritrea como “no libre” en 2022; el país obtuvo 1 sobre 40 en derechos políticos ocupando uno de los peores puestos en este eje temático esto se debe a que según un reporte de Amnistía Internacional el presidente Afewerki ha encarcelado al menos a 10.000 presos políticos, incluso algunos de estos son ex ministros de gabinete y altos funcionarios del gobierno como es el caso de Berhane Abrehe, exministro de Finanzas, que fue detenido en septiembre de 2018, pocos días después de publicar un libro en el que criticaba duramente al gobierno. Todo aquel que se oponga políticamente y critique al gobierno corre un alto riesgo de ser detenido y llevado a centros de detención clandestinos donde son torturados e incluso asesinados. Como resultado de lo que sucede en el país un panel de las Naciones Unidas acusó a Isaias de liderar un gobierno totalitario responsable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Eritrea que constituyen crímenes de lesa humanidad.
¿Qué pasa con la libertad religiosa?
La libertad religiosa ha sido gravemente restringida por el gobierno del país. En un decreto de 1995, el gobierno indicó que solo reconocería a cuatro comunidades religiosas, lo que limita significativamente la diversidad de culto en la nación.
Las comunidades religiosas reconocidas por el gobierno son la Iglesia ortodoxa de Eritrea, la Iglesia evangélica luterana, la Iglesia católica y el islam. Estas son las únicas oficialmente reconocidas por el gobierno, mientras que otras denominaciones religiosas enfrentan restricciones y persecución en el país.
Se ha documentado que los Testigos de Jehová han sido encarcelados por sus creencias. La Iglesia católica también ha experimentado acoso y restricciones a pesar de su activa presencia en el país. Estas acciones reflejan una situación en la que la libertad religiosa es vulnerada y las comunidades enfrentan persecución y limitaciones en la práctica de su fe.
A modo de resumen podemos decir que las consecuencias de las violaciones de DDHH en Eritrea son profundas y devastadoras. Como resultado, se ha generado un clima de miedo y represión en el país, con un impacto negativo en la vida diaria de sus ciudadanos. Muchas personas han sido obligadas a huir del país para buscar seguridad en otros lugares. Además, la falta de cooperación de Eritrea con mecanismos internacionales de derechos humanos ha contribuido a la impunidad y a la perpetuación de estas violaciones sin consecuencias significativas para los responsables.
Si queremos un mundo más próspero es necesario entender que la democracia y los derechos humanos son esenciales para garantizar una sociedad justa, equitativa y libre. La democracia permite la participación ciudadana en la toma de decisiones, promueve la rendición de cuentas de los gobernantes y protege los derechos individuales y colectivos. Por otro lado, los derechos humanos establecen un marco ético y legal que protege la dignidad y libertad de todas las personas, independientemente de su origen, creencias o condición. Ambos conceptos se complementan y fortalecen mutuamente, creando un entorno donde la justicia, la igualdad y la libertad son valores fundamentales.
El escenario actual es muy difícil, por lo que Naciones Unidas debería tomar acciones al respecto para garantizar una verdadera democracia en Eritrea con partidos políticos compitiendo por el poder en elecciones libres y justas. Además, organismos de DDHH podrían presionar a distintos estados y organismos internacionales para que exijan el respeto por los derechos humanos en el país y así los ciudadanos eritreos gocen de paz y libertad.
