Por Chiara Porrati Polzella
El presente artículo tiene el propósito de plasmar brevemente lo que implica el concepto de transición energética y formalizar su incipiente materialización en la América Latina actual, partiendo de la base de que nos encontramos ante una emergencia climática próxima a alcanzar el punto de no retorno que requiere del compromiso fehaciente de entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial para reducir la huella de carbono.
Introducción
El sistema vigente de producción y uso energético es el principal factor directamente relacionado a la emergencia climática actual que moviliza las agendas de los países de todo el mundo. Es ineludible la exigente necesidad de tomar medidas drásticas y urgentes para el establecimiento de reglas y parámetros comunes que orienten los procesos de producción energética tanto de los países desarrollados como en vías de desarrollo. Hoy en día, la disponibilidad de energías convencionales como el petróleo y el gas se ha desplazado a un segundo plano -conociendo la gravedad del impacto que genera la producción de CO2 en consecuencia de su uso y explotación- para focalizar los esfuerzos en la transición energética.
¿Qué es la transición energética?
El término fue acuñado por el movimiento estadounidense de las Transition Towns -ciudades de transición- motivado por la comunidad de Transition Network y luego adoptado por regiones de Europa que pretenden instaurar, a largo plazo, un modelo 100% renovable (Bermejo, R. 2013). Parte del supuesto del necesario cambio en el modo de gestión del sistema eléctrico pasando del modelo clásico, centralizado en unas pocas empresas privadas y basado en energías tradicionales como el petróleo, el carbón y combustibles fósiles, a un modelo sostenible y descentralizado, fundado en las energías alternativas de uso sostenible, democrático y eficiente.
Al respecto, el autor Paul Bertinat bien aclara lo siguiente:
“Hablar de transición energética es hablar de recursos, políticas públicas, conflictos sectoriales, alianzas geopolíticas, medioambiente, derechos humanos, estrategias empresariales, avances tecnológicos, diversificación productiva, relación entre energía y distribución de la riqueza, relación entre energía y matriz productiva, etc. Hablar de transición es comprender las intrincadas relaciones entre infinidad de factores, la diversidad de concepciones —sistémicas y contrasistémicas— y aspiraciones que existen.” (Bertinat, P. 2016)
Más allá de la descarbonización, podemos considerar la transición energética actual como la transición hacia la sostenibilidad, hacia un modelo energético verdaderamente sostenible. Un modelo que contribuya al bienestar de la humanidad, a la vez que preserva los recursos ambientales e institucionales, y asegura su distribución de forma justa. Se pone el foco en el accionar de las comunidades para influenciar a su representante gubernamental más inmediato quién debe actuar a modo de “apoyar, pero no dirigir” el movimiento hacia la transición energética para lograr la remoción, por parte del gobierno central, de los obstáculos regulatorios que se oponen a las nuevas respuestas e iniciativas para la problemática (Bermejo, R. 2013).
Lo fundamental para la transición
La principal causa que impulsa la transición energética en la actualidad es la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionales del cambio climático, lo que desencadena, en consecuencia, efectos adversos en los regímenes de precipitaciones y disponibilidad de agua dulce, en el nivel del mar, en la biodiversidad, en la producción de alimentos, entre otros. En conjunto, supone un riesgo de suma gravedad para las sociedades actuales y en particular para los países en vías de desarrollo, quienes presentan mayores dificultades para adaptarse a los cambios.
El siguiente gráfico muestra una recopilación y comparación de datos 2008-2018 por Statista sobre las emisiones a través del consumo de petróleo, gas y carbón para actividades relacionadas con la combustión en los principales países de América Latina.
En tal caso, la región se encuentra ante el complicado dilema que requiere de acción rápida y efectiva para evitar los efectos negativos en la mayor medida posible. A tal fin, ha firmado en conjunto con el resto de países de todo el mundo el Acuerdo de París (2015) comprometiéndose a colaborar en la reducción de la temperatura global a 2°C. Esto, a su vez, implica la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, llegando a eliminarlas completamente en 2050 en el caso de querer no superar los 1,5°C.
Asimismo, la ONU estableció para la agenda 2030 una serie de 17 objetivos -Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- sobre los cuales los países miembros tienen el compromiso y la obligación plena de cumplirlos en el plazo estimado. La transición energética debe necesariamente estar alineada con los mismos, principalmente al ODS N° 7 que postula “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna” (ONU) con el objetivo de aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y duplicar la tasa mundial de eficiencia energética para el año 2030 a través de la cooperación internacional.
Consonantemente, urge un marco legislativo estable, robusto y flexible, integrado a nivel internacional en el Acuerdo de París o en los ODS, que instituya metas claras y perspectiva de largo plazo para esa transición energética que la sociedad latinoamericana demanda y necesita. Es aquí donde entra en juego la diplomacia energética, entendida como el área de desarrollo conjunto para la construcción colectiva y democrática de un proceso de transición energética “… aceptando que en la actualidad el tema de la energía es un tema de pocos. Y estos pocos son los ganadores y los perdedores del sistema energético vigente, por un lado, las grandes empresas, públicas y privadas, sus lobbies y por el otro los afectados y desplazados por la extracción o utilización de recursos energéticos” (Bertinat, P. 2016).
Los obstáculos para Latinoamérica
No es novedad que los países de América Latina se encuentran, en su mayoría, en vías de desarrollo, lo cual implica una pendiente mucho más escarpada en la escalada hacia la transición energética en comparación con los países desarrollados. Los especialistas coinciden en que el costo de capital podría representar el mayor obstáculo a superar teniendo en cuenta el historial de golpes a la economía, los altos valores de inflación, la gran dependencia a fuentes de financiamiento extranjeras, entre otros condicionantes.
Casos como Argentina y Venezuela, los países latinoamericanos con la mayor tasa inflacionaria en los últimos años -siendo de un 46.20% anual para Argentina y de un 62% anual para Venezuela en lo que va del 2022- según un informe de la Agencia EFE, tienen su atención en financiar las deudas lapidarias contraídas con financieras internacionales -como el Fondo Monetario Internacional, en el caso de Argentina- y les resultará más complicada la partida y el compromiso económico que requiere la inversión en implementar infraestructura energética para realmente generar cambios en detrimento de las emisiones de gases de efecto invernadero y en favor de la utilización de energía sustentable.
Por otro lado, la montaña rusa político-ideológica que caracteriza a la región es evidentemente un obstáculo para desarrollar un plan sólido a largo plazo que garantice el compromiso gubernamental permanente. No resulta suficiente con la resiliencia de los países latinoamericanos, entendida como la capacidad para sobrevenir las crisis económicas, políticas y sociales constantes, sino que implica dejar de lado todo tipo de influencia para entender que no se trata de una cuestión de bandos, sino de una problemática mundial que involucra a absolutamente todos y no debemos dejarnos llevar por las circunstancias de orden menor.
América Latina es, como región, excedentaria en energía. Aproximadamente el 20 % de la energía producida se exporta, y si consideramos solo el petróleo, podemos observar que cerca de la mitad de su producción es exportada, principalmente a América del Norte (Linares, P. 2018). A esto se debe la existencia en la región de grandes lobbies con el colectivo petrolero empresarial de las grandes corporaciones explotadoras de combustibles fósiles que presionan a los gobiernos a mantener el sistema vigente.
Las economías de países como Brasil y México son altamente dependientes de las exportaciones de combustibles fósiles. De hecho, ambos se encuentran entre los 15 países más contaminantes del mundo en términos de emisiones de CO2 como lo indica el siguiente gráfico de un informe de www.elordenmundial.com
Por tal motivo, se vuelve mucho más complicada la salida de este tipo de energías tradicionales, requiriendo “…reformas amplias (y sólidas) de los sistemas fiscales de la región, redireccionando los actuales subsidios a los combustibles fósiles a las energías limpias…” (Koop, F. 2022) como un incentivo y primer paso necesario para el cambio. El problema se da cuando la falta de recursos motiva a pedir apoyo a entes internacionales para financiarse y se inicia una bola de nieve que se vuelve cada vez más grande, derivando en una crisis. Diría yo, algo así como el círculo vicioso de las economías latinoamericanas. La diferencia está en que, como dice el autor Pedro Linares, esta transición energética a la que nos enfrentamos en la actualidad presenta un elemento diferencial y es que se trata de una decisión consciente de nuestras sociedades en la búsqueda de una mayor sostenibilidad y en la necesidad de mantener el cambio climático dentro de unos límites aceptables (Linares, P. 2018).
Conclusión
Las cartas están sobre la mesa, la responsabilidad de las entidades con poder de decisión e influencia, gubernamentales y no gubernamentales, está a la vista de todos y debe encaminarse cumpliendo con lo pactado en las iniciativas de desarrollo sustentable como el Acuerdo de París y los ODS.
La volatilidad latinoamericana alimentada por las crisis político-económicas constantes debe dejarse a cargo de los líderes de la región para que, enfocados en la democracia energética, logren establecer reglas sólidas y parámetros comunes en el proceso hacia la transición energética.
Las principales actividades a llevar a cabo en este momento crucial consisten, principalmente, en políticas para conseguir el objetivo general a través de la educación de la ciudadanía sobre la crisis climática; el fortalecimiento de las soluciones con sentido de comunidad; la búsqueda de la participación tanto gubernamental como no gubernamental -grandes empresas y líderes de la comunidad- para el inicio de la planificación y la modificación energética; la promoción de los desplazamientos a pie y de un acceso fácil a los servicios y a los modos de transporte colectivo; el impulso de transporte eficientes con energías renovables; el rediseño de una red de seguridad que proteja la población vulnerable y marginada, entre muchas otras.
Es así como, por el camino del compromiso colectivo con la transición energética y sorteando los obstáculos que limitan su capacidad de crecimiento y adaptación al cambio, América Latina tendrá la oportunidad de aspirar al cumplimiento de las iniciativas internacionales comprometidas.
Bibliografía
- Acuerdo de París. United Nations Climate Change.
- Agencia EFE (2022). La inflación en Iberoamérica, otra víctima de la pandemia. Economía EFE.
- Bermejo, R. (2013). Ciudades Postcarbono y Transición energética. Universidad del País Vasco.
- Bertinat, P. (2016). Transición energética justa. Pensando la democratización energética. Revista Análisis. FES Sindical.
- El Orden Mundial (2021). Los países que más CO2 generan en el mundo. Por Abel Gil.
- Koop, F. (2022). ¿Cómo puede América Latina financiar su transición energética? Revista Claves21. Ambiente y desarrollo sustentable.
- Linares, P. (2018). La transición energética. Catedrático de Organización Industrial. Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI.
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. United Nations Climate Change.
- Satista (2019). La contaminación del aire en América Latina.
