En 2016 una grave crisis financiera golpeó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, encargada de promover la protección de estos derechos fundamentales en la región, de forma tal que la suspensión de sus actividades y la pérdida de personal eran inminentes. A un año de la reforma que logró evitarlo, las mejoras invitan a la reflexión: los derechos cuestan dinero.
2016: #CIDHENCRISIS
En mayo de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (en adelante “La Comisión” o “CIDH”) hizo público a través de un comunicado su primer pedido de auxilio. Así, expuso a la comunidad internacional el grave estado de “crisis financiera extrema” que atravesaba en 2016. Este mes, y a casi dos años de aquella crisis, la Comisión presentó su informe celebrando las mejoras operadas en el primer año de puesta en práctica de un Plan Estratégico de reformas, que cuenta, entre sus principales logros, con un aumento presupuestario considerable para dicho órgano.
- En aquella oportunidad se expuso que, de no contarse con inmediatas donaciones -ya sea de parte de los estados miembros u otros posibles donantes-, en julio de 2016 sería imposible renovar los contratos del 40% del personal con el cual contaba, se suspenderían las visitas programadas a los países en problemas y los períodos de sesiones nº 159 y 160 no podrían realizarse. ¿Qué significarían estos recortes? ¿Cómo impactarían en las funciones delegadas por la OEA a la Comisión? (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/crisis-cidh.asp ).
LA TAREA DE LA C.I.D.H. EN LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un Órgano Principal y autónomo de la O. E. A., encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Sus funciones se consagraron en el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. La Comisión, entre otras múltiples tareas, recibe peticiones y reclamos individuales de cualquier ciudadano de los Estados miembros que denuncien la violación de derechos humanos por parte de éstos en miras a una resolución, publica informes sobre situaciones existentes en los miembros y realiza visitas para analizar en profundidad problemáticas específicas en determinados países.
Para llevar adelante semejante misión, el presupuesto regular destinado por la OEA a la CIDH en 2016 era de cinco millones de dólares – menos de cinco milésimas de dólar (0,005) por habitante, es decir tan sólo un 6% del fondo regular total de la Organización en general; mientras que percibía en carácter de aportes voluntarios un estimativo de cuatro millones más (por parte de países miembros, observadores, organizaciones u otros). Un rápido análisis nos permite observar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sostenía financieramente casi en un 45% por fondos no regulares, lo que impide estabilidad y previsión. Depender de la buena voluntad de terceros en tal grado sujeta la protección de los derechos a variables absolutamente imprevisibles; así lo explicó el entonces presidente de la Corte Interamericana, el brasileño Roberto Caldas al diario Nación de Costa Rica. Caldas sostuvo que “la mala situación financiera de la Corte IDH se debe a que los países europeos, que aportaban la mitad del presupuesto, destinaron gran parte de esos fondos a solucionar la grave crisis migratoria ocurrida en Europa en 2015.” (‘Grave crisis’ económica pone en riesgo la Corte IDH, con sede en Costa Rica: https://www.nacion.com/el-pais/politica/grave-crisis-economica-pone-en-riesgo-la-corte-idh-con-sede-en-costa-rica/N7NA4O5GXFELBPGAVJ7UJVP2WA/story/ ) (http://www.oas.org/es/cidh/mandato/recursos_financieros.asp )
Claro está que la crisis financiera generó un impacto directo en la disminución a la protección de los Derechos Humanos realizada por la Comisión. Así, por ejemplo, las sesiones a suspenderse eran la oportunidad en que la Comisión analizaría las peticiones individuales de ciudadanos que vieron violados sus derechos humanos y que encuentran en esta Organización su última esperanza de protección, al no haber obtenido respuesta alguna por parte del Estado al que pertenecen. Esto sin mencionar la imposibilidad de visitar regiones en riesgo y la pérdida de personal, motor viviente de todas las tareas de la Comisión.
2017: LA RESPUESTA. PLAN ESTRATÉGICO Y AUMENTO PRESUPUESTARIO
Ante esta crisis, la Asamblea General de la OEA por una iniciativa liderada por México y Argentina, resolvió en junio de 2017 aprobar la duplicación del presupuesto de la Comisión Interamericana en un plazo de 3 años lo cual, sumado al Plan Estratégico de trabajo “2017/2021”, fortalece la sustentabilidad financiera de la Comisión así como favorece al cumplimiento del mandato integral de la misma.
Como se hizo mención al comienzo de este artículo, mediante un comunicado de prensa del 12 de marzo de 2018, la Comisión presentó su informe de “Progreso del primer año del Plan Estratégico”. En este informe se hace referencia a importantes mejoras logradas: se aprobaron 120 informes sobre soluciones amistosas y medidas cautelares (llegando a un récord histórico), se elaboraron más del doble de informes sobre situaciones de violaciones de derechos humanos que en el año 2016 y pudieron ser evaluadas el 100% de las peticiones recibidas el año inmediatamente anterior, entre otras.
“Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré qué derechos tienes” (Juan F. Gonzalez Bertomeu)
Tanto la crisis financiera como el proyecto de reforma que busca combatirla sacan a la luz una faceta de los derechos en general, y de los Derechos Humanos en particular, que resulta incómoda de ser tratada tanto por dirigentes políticos como por académicos de la materia: los derechos cuestan dinero. Una frase tan obvia, pero tantas veces olvidada a la hora de proclamar la defensa de los mismos. Hasta aquí hemos hablado de presupuestos, informes y aportes, ¿Qué tiene que ver esto con los Derechos Humanos? Pues todo. Detrás de toda solicitud ante la Comisión por violación a los derechos hay una persona vulnerada que no encuentra protección en su Estado, y detrás de un informe de la CIDH de la situación particular de un país existe una problemática que debe ponerse en conocimiento de la comunidad internacional para la búsqueda de soluciones. La relación es directa: sin recursos no hay protección y de nada valdrán miles de Tratados, Declaraciones y Convenciones. Al analizar los fondos que los países destinan presupuestariamente a determinados programas u organizaciones, podemos percibir el compromiso real, y no meramente formal, que estos guardan para con ciertos derechos.
CONCLUSIÓN
El progreso realizado por la Comisión en el primer año de implementación de este nuevo Plan Estratégico resulta esperanzador, máxime en un continente cuyos derechos fundamentales se encuentran en un estado de constante vulnerabilidad. Pero si realmente se pretende un verdadero progreso, se deberá instar a los países de la región a mantener y reforzar su compromiso – real y no ilusorio- en materia de Derechos Humanos. Como explican Stephen Holmes y Cass R. Sunstein en su libro “El costo de los derechos”: “En ausencia de una autoridad política que esté dispuesta a intervenir y sea capaz de hacerlo, los derechos no pasan de ser una promesa hueca y, por el momento, no gravan ningún tesoro público”. (Holmes, Stephen y Sunstein Cass (2012) “El costo de los derechos”. Editorial Siglo Veintiuno)
Bibliografía y referencias:
- Holmes, Stephen y Sunstein Cass (2012) “El costo de los derechos”. Editorial Siglo Veintiuno.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Recursos Financieros 2016: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/recursos_financieros.asp
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Crisis: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/crisis-cidh.asp
- ‘Grave crisis’ económica pone en riesgo la Corte IDH, con sede en Costa Rica: https://www.nacion.com/el-pais/politica/grave-crisis-economica-pone-en-riesgo-la-corte-idh-con-sede-en-costa-rica/N7NA4O5GXFELBPGAVJ7UJVP2WA/story/
- Comunicados de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( 69/16 – 83/17- 45/18): http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp
Autora
María Constanza Marino. Abogada, Facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba. Adscripta en asignatura Filosofía del Derecho U.N.C.. Empleada Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
